La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamniento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación declaraba la educación como servicio público. Este servicio debe ser asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad, continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales.
Para poder lograr una escuela inclusiva, el Título II de la LOE recoge la necesidad de apoyar las necesidades específicas educativa derivadas de circustancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial y trastornos graves de conducta.
La educación debe partir desde el principio de inclusión donde se garantiza la equidad de todos y todas y no como medida de apoyo para unos pocos.
En el título preliminar Cap. 1. La equidad debe garantizar la inclusión educativa y la no discriminación para actuar como compensación de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales con especial atención a las discapacidades.
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